Voto dependiente

Foto: Electomania, fuente: Siigma-Dos

“Es justo que se aplique un baremo para el copago por la vivienda de una persona que ocupa plaza residencial”, declaraba Ricardo Oliván, consejero de Sanidad y Asuntos Sociales. Mientras Patricia Luquin, portavoz de IU en las Cortes de Aragón, respondía: “El criterio del patrimonio es injusto e insolidario, porque estar en situación de dependencia es algo que no se elige”. El debate se sirve por sí mismo.

La Ley de Dependencia de 14 de diciembre de 2006, consensuada por todos los partidos en el Pacto de Toledo del 95, nació sin solvencia económica. Y a estas alturas del año teresiano, cuando se pronostican tantos cambios, no caben ya milagros; ni por parte de un PSOE fragmentado, ni de mano de un PP gastado en recortes y batallas anti corrupción.

El 11 de febrero salía publicado en el BOA el convenio de encomienda del Gobierno de Aragón a la Comarca de Tarazona y el Moncayo, para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio. Mucho ojito a los datos. Se estima hasta un máximo de 262 horas mensuales, en actividades básicas de la vida cotidiana y tareas domésticas, a una media de 16.50 euros por hora –contrato a través de empresa–. Si el IASS aporta hasta el 75%, con mínimo gravamen de copago por recursos propios, ¿voy a tener que poner más de 1000 euros? Apaga y vámonos.

Muchos preferiríamos asistencia personal en lugar de prestación; pero parece que ningún dependiente aragonés estamos estudiando o trabajando, condiciones indispensables para obtenerla. “Hay más de setecientas cincuenta mil personas en España que necesitan, al menos, ocho horas diarias de asistencia, para llevar a cabo las tareas de la vida cotidiana. El coste económico no es una excusa para violar los derechos humanos” –afirma Pablo Echenique, ya secretario general de Es la hora de Aragón–. ¿De acuerdo Pablo Iglesias?

En su día UPyD, hoy contradictoria y manida, llevó al Congreso propuestas sobre asistencia personal. ¿Y Ciudadanos? Quizá entre sus líneas de justicia y transparencia tenga también cabida el sentido común. Ahora que mi colegio electoral es por fin accesible, debo hacer mi propio plebiscito antes de ir a votar.

 María Pilar Martínez Barca

(Heraldo de Aragón, "Tribuna", "Con DNI", viernes 20 de febrero de 2015).